En la mañana del viernes, en el consistorio alfocense se han celebrado cinco plenos extraordinarios bajo petición expresa de los cinco miembros que forman la oposición en Alfoz de Lloredo, de las agrupaciones políticas PSOE, PRC y VA.
El alcalde, Enrique Bretones, censuró a los portavoces de éstas agrupaciones por esta forma de proceder injustificada, que además colapsa la Administración, y resulta inútil, pues las cuestiones planteadas ya se habían tratado en otros plenos.
El regidor municipal recriminó duramente a la oposición que se hubiera pedido la convocatoria de cinco plenos distintos en un mismo día, en lugar de reunir los puntos en uno sólo, o bien llevarlo como mociones al pleno ordinario «a no ser que quisieran cobrar cinco veces las dietas».
Según declaraba Bretones a la salida del último de los plenos “ Mi propuesta va a ser clara en lo que a las dietas generadas hoy se refiere, yo, como alcalde, nunca cobro dietas por asistir a los plenos, puesto que entiendo que es una parte más de mi trabajo. Los concejales de mi agrupación cobraran una única dieta, puesto que los cinco plenos se han celebrado en una misma mañana, y consideran que su deber moral es cobrar como asistencia a un único pleno, y los miembros de la oposición espero y confío que hagan lo mismo, ya que no se entendería este modo de proceder, más aún en los tiempos que estamos viviendo”
Los portavoces Luis Alfonso González (PSOE), Domingo Bustillo y José Manuel Luguera (VA), solicitaron información sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), también abordaron la ejecución del saneamiento de Perelada y San Roque, el convenio sobre las 61 viviendas de protección en Oreña, la denegación de licencia en llamada finca del Castro y el nombramiento de una comisión de investigación sobre la modificación puntual de la finca del Obispado.
El alcalde ha explicado que la redacción del PGOU estaba siendo terminada por el equipo redactor. Terminado el trabajo se presentara por el equipo redactor a toda la corporación, para a continuación pasar a exposición pública durante dos meses, y recoger así las posibles alegaciones y solicitar su aprobación definitiva a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En este punto Bretones señaló que en la época del ex alcalde Félix Iglesias «no se hizo caso de las restricciones impuestas por la CROTU y se construyeron cientos de viviendas con arreglo al PGOU de 1983, lo cual reduce ahora las posibilidades de crecimiento».
Respecto a abordar el saneamiento de Perelada y San Roque Bretones aclaró que estas obras ya habían dado comienzo, y que el resto que falta se acometerá en un breve plazo con cargo al Fondo Estatal.
En cuanto al convenio de las 61 viviendas de protección subrayó que era un tema debatido en el pleno anterior y censuró que el portavoz de VA «planteara la posibilidad de impugnarlo, y con ello perjudicar a los vecinos».
Bretones justificó la denegación de la licencia para la “Finca del Castro” porque carecía de la autorización de Carreteras, eximiendo de responsabilidad patrimonial al consistorio.
Por último, aseguró no entender por qué la oposición preguntaba por el nombramiento de miembros en la comisión de investigación sobre la modificación puntual de la finca del Obispado, «una comisión cuya creación ya había sido acordada recientemente en sesión plenaria». No obstante se nombraron los miembros que conformarán dicha comisión y el alcalde informó a los miembros de la oposición que la modificación puntual que habían iniciado en la “Finca del Obispado para hacer VPO, por la cual habían procesado a los miembros del equipo de gobierno y la oposición había tildado de ilegal, había tenido sentencia firme por parte de la audiencia provincial, dando la razón en todo al equipo de gobierno, resaltando que la modificación puntual era legal y que el equipo de gobierno siempre obró desde la responsabilidad política.
La oposición pidió también que no se interpusieran demandas judiciales contra concejales de la oposición pagadas con dinero público, a lo que Bretones respondió que todos los vecinos «son iguales ante la ley», por lo que no se podían hacer excepciones «cuando se tienen fundadas sospechas de que alguien pueda haber cometido un delito, sea concejal o no»
El alcalde, Enrique Bretones, censuró a los portavoces de éstas agrupaciones por esta forma de proceder injustificada, que además colapsa la Administración, y resulta inútil, pues las cuestiones planteadas ya se habían tratado en otros plenos.
El regidor municipal recriminó duramente a la oposición que se hubiera pedido la convocatoria de cinco plenos distintos en un mismo día, en lugar de reunir los puntos en uno sólo, o bien llevarlo como mociones al pleno ordinario «a no ser que quisieran cobrar cinco veces las dietas».
Según declaraba Bretones a la salida del último de los plenos “ Mi propuesta va a ser clara en lo que a las dietas generadas hoy se refiere, yo, como alcalde, nunca cobro dietas por asistir a los plenos, puesto que entiendo que es una parte más de mi trabajo. Los concejales de mi agrupación cobraran una única dieta, puesto que los cinco plenos se han celebrado en una misma mañana, y consideran que su deber moral es cobrar como asistencia a un único pleno, y los miembros de la oposición espero y confío que hagan lo mismo, ya que no se entendería este modo de proceder, más aún en los tiempos que estamos viviendo”
Los portavoces Luis Alfonso González (PSOE), Domingo Bustillo y José Manuel Luguera (VA), solicitaron información sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), también abordaron la ejecución del saneamiento de Perelada y San Roque, el convenio sobre las 61 viviendas de protección en Oreña, la denegación de licencia en llamada finca del Castro y el nombramiento de una comisión de investigación sobre la modificación puntual de la finca del Obispado.
El alcalde ha explicado que la redacción del PGOU estaba siendo terminada por el equipo redactor. Terminado el trabajo se presentara por el equipo redactor a toda la corporación, para a continuación pasar a exposición pública durante dos meses, y recoger así las posibles alegaciones y solicitar su aprobación definitiva a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En este punto Bretones señaló que en la época del ex alcalde Félix Iglesias «no se hizo caso de las restricciones impuestas por la CROTU y se construyeron cientos de viviendas con arreglo al PGOU de 1983, lo cual reduce ahora las posibilidades de crecimiento».
Respecto a abordar el saneamiento de Perelada y San Roque Bretones aclaró que estas obras ya habían dado comienzo, y que el resto que falta se acometerá en un breve plazo con cargo al Fondo Estatal.
En cuanto al convenio de las 61 viviendas de protección subrayó que era un tema debatido en el pleno anterior y censuró que el portavoz de VA «planteara la posibilidad de impugnarlo, y con ello perjudicar a los vecinos».
Bretones justificó la denegación de la licencia para la “Finca del Castro” porque carecía de la autorización de Carreteras, eximiendo de responsabilidad patrimonial al consistorio.
Por último, aseguró no entender por qué la oposición preguntaba por el nombramiento de miembros en la comisión de investigación sobre la modificación puntual de la finca del Obispado, «una comisión cuya creación ya había sido acordada recientemente en sesión plenaria». No obstante se nombraron los miembros que conformarán dicha comisión y el alcalde informó a los miembros de la oposición que la modificación puntual que habían iniciado en la “Finca del Obispado para hacer VPO, por la cual habían procesado a los miembros del equipo de gobierno y la oposición había tildado de ilegal, había tenido sentencia firme por parte de la audiencia provincial, dando la razón en todo al equipo de gobierno, resaltando que la modificación puntual era legal y que el equipo de gobierno siempre obró desde la responsabilidad política.
La oposición pidió también que no se interpusieran demandas judiciales contra concejales de la oposición pagadas con dinero público, a lo que Bretones respondió que todos los vecinos «son iguales ante la ley», por lo que no se podían hacer excepciones «cuando se tienen fundadas sospechas de que alguien pueda haber cometido un delito, sea concejal o no»
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