Recordarán ustedes las noticias de El Bojar. En mayo de 2005, una empresa adquiría 10 hectáreas de terreno rústico en el que no se puede edificar. Pocos meses después la Consejería de Obras Públicas, dirigida por el PRC, comenzó a tramitar un PSIR mediante el cual se recalificaban esos terrenos para la construcción de viviendas sociales. El Partido Popular denunció los hechos y hoy parece abortada la operación.
Pues bien, esa misma empresa, ORBOVISA fue protagonista de otro caso similar que no se frustró. En el año 2004 el Plan General de Alfoz, en tramitación, prevé que en una finca, “El Obispado”, propiedad de la Iglesia, sólo se pueda construir viviendas sociales. El Alcalde del PRC, se dirige al dueño y le convence para que la venda para la construcción de viviendas sociales. Asimismo, realiza gestiones ante la Dirección General de Vivienda, para que esta compre el solar. El Gobierno Regional oferta, para la compra, tres mil euros por cada vivienda que se pudiese edificar. Pero el Alcalde, envía una carta al Obispado en la que “presenta” a una empresa, dispuesta a construir viviendas sociales, que oferta más dinero; ORBOVISA. En esa misiva afirma, que el ayuntamiento actúa como “garante urbanístico” de la operación. Como ustedes supondrán, la negociación con el Gobierno naufraga.
El Obispado autoriza la venta con el fin de construir “ viviendas sociales” según la autorización de venta reza, literalmente, y vende en efecto, por un precio de 300.000 euros. Aquella empresa pone el cartel para vender viviendas sociales, solicita y consigue la licencia para construir 40 pisos y… ...posteriormente vende la finca a FADESA por 900.000 euros, quien a su vez se la vende a un tercero por 2.400.000 euros, quien a su vez la ha vendido nuevamente por 4.800.000 euros, al parecer, en el lapso de un año. Ni que decir tiene que, de viviendas sociales, nada de nada.
El último comprador de la cadena presentó un proyecto para construir el doble de viviendas, 80, libres, y el ayuntamiento, dirigido por una nueva corporación de la que soy Alcalde, se la deniega con fundamento en los informes técnicos municipales. En marzo de 2008 se inicia además, un expediente de modificación del planeamiento, con el fin de determinar si la finca es efectivamente la adecuada para la construcción de viviendas sociales, en cuyo caso se aprobaría.
Pues bien, con todos esos antecedentes, un Juzgado dicta un auto en el que tilda de arbitraria la calificación de la finca para la construcción de viviendas sociales. Por esto, entre otras razones sobrevenidas, esa modificación puntual no se ha aprobado provisionalmente en el Ayuntamiento.
Pero unan ahora ustedes todos los cabos; en el año 2004 se aprueba provisionalmente un Plan General que califica una finca para construir viviendas sociales, arbitrariamente según un juzgado, pues si ahora lo es, entonces también lo era; el propio Alcalde del PRC frustra la negociación entre la Iglesia y Vivienda presentando a una empresa privada que oferta más, y que, desde luego, no se ha sometido a ningún proceso de selección: es elegida a dedo. Se efectúa la venta, la finca no se califica como establece el Plan General y, comienza una carrera especulativa fulminante que termina multiplicando el precio por 16. Esa misma empresa, es la que compra gran cantidad de terrenos rústicos en Camargo, sobre los que una Consejería del PRC tramita luego un PSIR, “El Bojar” que los recalifica para edificar, proyecto abortado después, cuando salta el escándalo denunciado por el Partido Popular.
Todo esto, lo ha manejado la justicia, que sorpréndase, imputa a la nueva corporación que presido un posible delito de prevaricación por, al fin y al cabo, frenar una carrera especulativa vergonzosa y tramitar como se debía, en un proceso público que termina en una norma aplicable a todos, lo que otros hicieron por debajo de la mesa con el escandaloso resultado que hemos visto. Esa modificación, según se afirma en el auto judicial, es nominalmente legal, cuenta con todos los informes favorables, satisface un interés público, pero es arbitraria, pues no se explica el por qué, precisamente, esa finca…En opinión del Juez, se trata de imponer un “pacto entre caballeros”, el que existió entre aquel Alcalde del PRC y Orbovisa para edificar viviendas sociales.
Con la serenidad de tener la conciencia muy tranquila, y públicamente, yo me pregunto eso mismo, por qué esa finca, por qué esa empresa, por qué ese precio, por qué no se hizo esa modificación entonces, por qué se frena el Plan de 2004 que calificaba la finca como destinada a viviendas protegidas… Miren ustedes: O los últimos son muy listos o los diversos sucesivos compradores ocupan varios grados de la escala del candor o de la estupidez salvo que en las escrituras no se diga todo lo que se pagó en esos pasos intermedios: O el “garante” de la operación ante la Iglesia fue un ingenuo o se llenó los bolsillos. Es evidente que, queriendo o sin quererlo, con la mediación, intencionada o no, del ayuntamiento y jugando con las esperanzas de muchos jóvenes de Cóbreces, alguien se ha forrado, y eso, en mi opinión, no es propio de “caballeros”.
No estamos de acuerdo con la decisión judicial, pero, aún impugnándola, debemos respetarla y ello supone, entre otros motivos, el archivo de la modificación. Esto no representa que se desista en el empeño de obtener viviendas a precios asequibles para la juventud de Cóbreces, siempre conforme a la legalidad vigente. Sólo podemos expresar la fe en que se conseguirá ese objetivo con rigor y seriedad, con constancia y trabajo, evitando los aparentes atajos que desembocan indefectiblemente en escándalos especulativos, paradójicamente impunes ante el poder judicial, como el que ha protagonizado la empresa ORBOVISA y el entonces Alcalde y garante del buen fin de la operación que la presentó al Obispado.
