Manuel Bernardo Quirós y su hermano Antonio, legaron en Cóbreces una serie de fincas con fines docentes labor que desarrollan desde hace muchos años los monjes cistercienses de Cóbreces, Sobre parte de la misma se construyó el Instituto Agrícola. Otra parte fue permutada por la fundación por otros bienes con la Iglesia. Dichas fincas se encuentran en el mismo centro del pueblo de Cóbreces.
En el año 2004 se aprobó provisionalmente en el municipio de Alfoz de Lloredo el Plan General de Ordenación Urbana. Entre sus determinaciones, la finca permutada con la Iglesia se destinaba a reserva de vivienda protegida en suelo urbano. A principios de 2005 distintas desavenencias con un informe de la Comisión Regional paralizó la tramitación del Plan General. El entonces Alcalde Don Félix Iglesias comenzó a negociar por escrito con el Obispado la posibilidad de que le vendiesen la finca al Ayuntamiento para construir las viviendas sociales. Este mostró su disposición a hacerlo y se llegó a establecer un primer precio; 300.000 euros. Posteriormente, se propuso, también por escrito por el entonces Alcalde, que la venta se realizase a una empresa privada dadas las dificultades presupuestarias municipales. Este candidato privado, que estaba dispuesto a ejecutar las viviendas protegidas era Orbovisa, la misma empresa de todos conocida por la polémica del Bojar.
Tras los oportunos trámites internos, las autoridades eclesiásticas autorizan al Obispado para vender la finca para la construcción de 50 viviendas protegidas, haciendo constar expresamente esa condición en dicho permiso. La venta, efectivamente se lleva a cabo por el precio acordado, Orbovisa solicita una licencia para construir 40 viviendas, obtiene la calificación, coloca un cartel de venta y…vende la finca en 900.000 euros a FADESA.
En marzo de 2005, quedó anulada la suspensión del otorgamiento de licencias, por agotamiento del plazo máximo legal, al verse paralizado el procedimiento del Plan General, un Plan que destinaba esa finca a la construcción de viviendas protegidas.
FADESA, hoy en suspensión de pagos, continúa con el cartel y el proyecto, incluso coloca anuncios en la prensa para vender viviendas protegidas en Cóbreles pero…vende la finca en 2.400.000 euros a una empresa denominada Arrendamientos Castilla. Vamos sin especular…..
Esta, presenta un nuevo proyecto para la construcción de 80 viviendas libres y, el anterior Alcalde Don Alfonso González Llanillo manifiesta públicamente su impotencia por tener que dar la licencia. Tampoco tuvo tiempo de más al recaer la responsabilidad de la Alcaldía sobre quien suscribe en las elecciones de 2007. El nuevo proyecto se demuestra ilegal según los técnicos municipales y se deniega la licencia. Pero además, el Ayuntamiento decide por los cauces legales replantearse si la finca debe ser destinada a la construcción de viviendas protegida. Para ello decide iniciar una modificación puntual del desfasado planeamiento de 1983.
Entre tanto, la finca parece continuar su carrera; Una nueva empresa, Mirador de Bribur, la ha adquirido, al parecer, por 4.800.000 euros.
El equipo de Gobierno es acusado de un posible delito de prevaricación por querer atajar este escándalo.
A cualquiera le consta el tremendo valor añadido que le han dado a la finca: Ni se ha puesto la grúa. Pero a nosotros sí nos preocupa que se acabe construyendo con vivienda libre la única finca hábil para la construcción de viviendas protegidas, cercana al colegio, a la parada de autobús, al escaso comercio, al parque, al polideportivo, la única finca urbana de estas características que resta sin edificar en el pueblo de Cóbreces y que, quizá por esta razón, estaba calificada como protegida en el Plan de 2004 en tramitación y fue objeto de “los desvelos” del Alcalde Félix Iglesias o de “la rabia impotente” del Alcalde González Llanillo. Eso no quiere decir que el ayuntamiento vaya a colocarse al margen de la legalidad cuando decida aprobar o no la modificación puntual. Pero sí parece legitimo detener la actual espiral especulativa si existiese un interés publico en la construcción de viviendas protegidas. Y esa es nuestra responsabilidad.
Aún desconozco el contenido exacto del auto por el que se nos imputa, si bien parece que tilda arbitraria la decisión de iniciar los trámites para modificar el Plan. No lo creo así y nos esforzaremos en demostrarle a la Justicia, que por cierto en vía contencioso administrativa ha rechazado los recursos contra esta decisión. ¿Será que también piensan imputar por prevaricador al Tribunal Superior de Justicia? . O será que el querellante, la empresa Mirador de Bribur, ha ocultado este dato al Juzgado de Torrelavega.
Solo resta mantenerse templado y sereno, todo el equipo de Gobierno, continuar en el empeño de servir lo mejor posible a los intereses públicos y adoptar la mejor resolución cuando proceda, con los informes y estudios que la avalen, con objetividad y con libertad. Solo quiero ya dejar constancia del hecho de que la modificación de planeamiento ni tan siquiera se ha aprobado, por lo que la grave imputación legal que se nos hace, condiciona de manera trascendental lo que resulte de un procedimiento administrativo que está en marcha. Si ahora todos los informes que se están recogiendo y no tiene el Juzgado, avalasen la decisión de aprobar definitivamente esa modificación por razones claras de interés público, si se demostrara que es ésta la mejor decisión, la más cabal, la más proporcionada, coherente y correcta; con seis ediles de once imputados, cohibidos, de hecho, ha quedado inhabilitado el Pleno municipal para adoptar la decisión procedente.
ENRIQUE BRETONES PALENCIA
ALCALDE DE ALFOZ DE LLOREDO
En el año 2004 se aprobó provisionalmente en el municipio de Alfoz de Lloredo el Plan General de Ordenación Urbana. Entre sus determinaciones, la finca permutada con la Iglesia se destinaba a reserva de vivienda protegida en suelo urbano. A principios de 2005 distintas desavenencias con un informe de la Comisión Regional paralizó la tramitación del Plan General. El entonces Alcalde Don Félix Iglesias comenzó a negociar por escrito con el Obispado la posibilidad de que le vendiesen la finca al Ayuntamiento para construir las viviendas sociales. Este mostró su disposición a hacerlo y se llegó a establecer un primer precio; 300.000 euros. Posteriormente, se propuso, también por escrito por el entonces Alcalde, que la venta se realizase a una empresa privada dadas las dificultades presupuestarias municipales. Este candidato privado, que estaba dispuesto a ejecutar las viviendas protegidas era Orbovisa, la misma empresa de todos conocida por la polémica del Bojar.
Tras los oportunos trámites internos, las autoridades eclesiásticas autorizan al Obispado para vender la finca para la construcción de 50 viviendas protegidas, haciendo constar expresamente esa condición en dicho permiso. La venta, efectivamente se lleva a cabo por el precio acordado, Orbovisa solicita una licencia para construir 40 viviendas, obtiene la calificación, coloca un cartel de venta y…vende la finca en 900.000 euros a FADESA.
En marzo de 2005, quedó anulada la suspensión del otorgamiento de licencias, por agotamiento del plazo máximo legal, al verse paralizado el procedimiento del Plan General, un Plan que destinaba esa finca a la construcción de viviendas protegidas.
FADESA, hoy en suspensión de pagos, continúa con el cartel y el proyecto, incluso coloca anuncios en la prensa para vender viviendas protegidas en Cóbreles pero…vende la finca en 2.400.000 euros a una empresa denominada Arrendamientos Castilla. Vamos sin especular…..
Esta, presenta un nuevo proyecto para la construcción de 80 viviendas libres y, el anterior Alcalde Don Alfonso González Llanillo manifiesta públicamente su impotencia por tener que dar la licencia. Tampoco tuvo tiempo de más al recaer la responsabilidad de la Alcaldía sobre quien suscribe en las elecciones de 2007. El nuevo proyecto se demuestra ilegal según los técnicos municipales y se deniega la licencia. Pero además, el Ayuntamiento decide por los cauces legales replantearse si la finca debe ser destinada a la construcción de viviendas protegida. Para ello decide iniciar una modificación puntual del desfasado planeamiento de 1983.
Entre tanto, la finca parece continuar su carrera; Una nueva empresa, Mirador de Bribur, la ha adquirido, al parecer, por 4.800.000 euros.
El equipo de Gobierno es acusado de un posible delito de prevaricación por querer atajar este escándalo.
A cualquiera le consta el tremendo valor añadido que le han dado a la finca: Ni se ha puesto la grúa. Pero a nosotros sí nos preocupa que se acabe construyendo con vivienda libre la única finca hábil para la construcción de viviendas protegidas, cercana al colegio, a la parada de autobús, al escaso comercio, al parque, al polideportivo, la única finca urbana de estas características que resta sin edificar en el pueblo de Cóbreces y que, quizá por esta razón, estaba calificada como protegida en el Plan de 2004 en tramitación y fue objeto de “los desvelos” del Alcalde Félix Iglesias o de “la rabia impotente” del Alcalde González Llanillo. Eso no quiere decir que el ayuntamiento vaya a colocarse al margen de la legalidad cuando decida aprobar o no la modificación puntual. Pero sí parece legitimo detener la actual espiral especulativa si existiese un interés publico en la construcción de viviendas protegidas. Y esa es nuestra responsabilidad.
Aún desconozco el contenido exacto del auto por el que se nos imputa, si bien parece que tilda arbitraria la decisión de iniciar los trámites para modificar el Plan. No lo creo así y nos esforzaremos en demostrarle a la Justicia, que por cierto en vía contencioso administrativa ha rechazado los recursos contra esta decisión. ¿Será que también piensan imputar por prevaricador al Tribunal Superior de Justicia? . O será que el querellante, la empresa Mirador de Bribur, ha ocultado este dato al Juzgado de Torrelavega.
Solo resta mantenerse templado y sereno, todo el equipo de Gobierno, continuar en el empeño de servir lo mejor posible a los intereses públicos y adoptar la mejor resolución cuando proceda, con los informes y estudios que la avalen, con objetividad y con libertad. Solo quiero ya dejar constancia del hecho de que la modificación de planeamiento ni tan siquiera se ha aprobado, por lo que la grave imputación legal que se nos hace, condiciona de manera trascendental lo que resulte de un procedimiento administrativo que está en marcha. Si ahora todos los informes que se están recogiendo y no tiene el Juzgado, avalasen la decisión de aprobar definitivamente esa modificación por razones claras de interés público, si se demostrara que es ésta la mejor decisión, la más cabal, la más proporcionada, coherente y correcta; con seis ediles de once imputados, cohibidos, de hecho, ha quedado inhabilitado el Pleno municipal para adoptar la decisión procedente.
ENRIQUE BRETONES PALENCIA
ALCALDE DE ALFOZ DE LLOREDO
